El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA hasta un tribunal de Nueva York tras su captura el 3 de enero. Europa Press
Si el narcotráfico es la excusa para apropiarse del petróleo venezolano, el mundo no debería apoyar esta transición tutelada y contraria a la voluntad soberana expresada por los venezolanos. Como nos enseñó el hidalgo castellano, la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Y es un don, además, del que disfrutamos colectivamente, sin que uno sea totalmente libre cuando otros están sometidos a la opresión y tiranía.
Tristemente, todos los españoles hemos podido escuchar de primera mano los testimonios directos de nuestros hermanos venezolanos durante estas dos largas décadas de tiranía y ausencia de libertad. Por este motivo, la detención de Nicolás Maduro por parte de los Delta Force norteamericanos es una extraordinaria noticia para aquellos que, por encima de todo, amamos la libertad como una de las más grandes expresiones de la dignidad humana.
Otros foros podrán valorar y examinar las implicaciones geoestratégicas de esta exitosa operación militar, que parece ser un paso más en el afianzamiento de un nuevo orden mundial basado en la realpolitik y no en los acuerdos internacionales. En mi condición de jurista, me limitaré a valorar conforme al Derecho la captura del dictador venezolano.
Edmundo González junto a María Corina Machado el 30 de julio de 2024 en Caracas. Reuters
Desde el punto de vista del Derecho internacional, ya en el siglo XVII Hugo Grocio defendía que incluso los actos de guerra son fenómenos sujetos a reglas y no meros actos anárquicos e inmorales. Y es que, aunque en un conflicto armado la ley internacional autoriza a matar enemigos combatientes sin ninguna clase de juicio, la agresión debe responder a razones legítimas, que el jurista neerlandés denominaba la “guerra justa”.
Es sabido que la operación estadounidense se ha realizado al margen de las reglas más básicas que legitimen una detención en el territorio de otro Estado soberano. La operación “Resolución Absoluta” no está apoyada en las normas que los países nos hemos dado, particularmente tras el final de la Segunda Guerra Mundial, sino en la eficacia y la fuerza militar.
No consta autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tampoco se ha invocado la legítima defensa, ni existe una orden de detención de la Corte Penal Internacional, ni se han activado los cauces ordinarios de cooperación internacional, como una solicitud de extradición de Nicolás Maduro a territorio estadounidense.
Al mismo tiempo, no admite discusión que tras más de dos décadas el Derecho Internacional y sus instituciones no han sido capaces de dar una respuesta mínimamente satisfactoria al sufrimiento y la injusticia soportada por millones de venezolanos. Este fracaso se explica, en parte, por la parálisis de la Corte Penal Internacional.
Desde la ratificación por Venezuela del Estatuto de Roma, las denuncias han sido constantes y la falta de contundencia de esta Corte y su Fiscalía han sido muy llamativas. Impulsada a finales del siglo pasado bajo el liderazgo de Kofi Annan como Secretario General de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional nació para evitar que los máximos responsables encuentren refugio en la impunidad de una soberanía nacional utilizada como escudo para violar los derechos humanos. También es un instrumento legal que supera y permite eludir el derecho de veto de los países del Consejo de Seguridad.
“Si basta calificar al gobernante extranjero como criminal común para eludir las barreras de la soberanía, el sistema de reglas queda a merced del poder y del relato político”.
No obstante, el fracaso de esta Corte y, en general, de los sistemas e instituciones internacionales para dar una respuesta legal a los crímenes de Maduro y su dictadura no puede justificar una operación militar de estas características. Al contrario, debe ser un revulsivo para mejorar estas normas y que los ciudadanos del mundo las veamos y consideremos como instrumentos eficaces para resolver violaciones flagrantes de derechos, como las sufridas por los venezolanos.
En esta situación, el derecho norteamericano se ha arrogado unilateralmente el poder de dar respuesta a las demandas venezolanas. Tras el conflicto armado de Vietnam, los estadounidenses intentaron limitar el poder presidencial exigiendo autorización del Congreso para conflictos bélicos. Pero lo cierto es que hasta la fecha la justicia norteamericana ha validado las detenciones extraterritoriales, destacando, entre otras, el precedente de Manuel Antonio Noriega en 1989.
La clave jurídica reside en la naturaleza del detenido: para EEUU no se ha capturado a un Jefe de Estado, sino a un presunto líder de una organización narcoterrorista. Al vincular a Maduro con la introducción de toneladas de droga que han costado miles de vidas americanas, la justicia de EEUU extiende su jurisdicción y califica su detención como el mero cumplimiento de una orden judicial, descartando que se trate de un acto de guerra convencional.
Pero esta lógica, aun siendo funcional desde el punto de vista interno, tensiona el orden jurídico internacional. Si basta calificar al gobernante extranjero como un mero criminal común para eludir las barreras de soberanía y de no intervención, el sistema de reglas queda a merced del poder y del relato político. Y ese precedente, por definición, es peligroso.
“Ante el fracaso del Derecho internacional, la discutible acción estadounidense debería servir para restituir la democracia y a su legítimo presidente, Edmundo González”.
A pesar del alivio por la caída del dictador, el escenario futuro despierta alarmas. Las declaraciones del presidente Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la apropiación del petróleo y las negociaciones con figuras del régimen como Delcy Rodríguez son preocupantes.
Así, ahora mismo existe un riesgo real de una doble apropiación. Primero, las expropiaciones cometidas por el chavismo contra inversores internacionales (incluidos españoles). Y ahora, una posible incautación de recursos por parte de EEUU bajo la excusa del narcotráfico. Este escenario podría desencadenar reclamaciones multimillonarias tanto en tribunales estadounidenses como en la Unión Europea e hipotecar la reconstrucción económica de Venezuela en el momento en que más necesita de seguridad jurídica.
Ante el fracaso del Derecho internacional, la más que discutida acción norteamericana debería servir para restituir la democracia y a su legítimo presidente, Edmundo González, y así continuar manteniendo el apoyo de la población venezolana y la opinión pública mundial.
Sin embargo, si el narcotráfico es la excusa para apropiarse del petróleo venezolano, en connivencia con los restos del chavismo, el mundo no debería apoyar esta transición tutelada y contraria a la voluntad soberana expresada por los venezolanos en las elecciones de 2024.
La legitimidad jurídica de Edmundo González y María Corina Machado no puede diluirse en fórmulas transitorias tuteladas por una potencia extranjera, al margen del pueblo y sus líderes políticos. Lo contrario equivaldría a cometer un nuevo atropello democrático contra la libertad y dignidad de los venezolanos.
Diego Solana es abogado en Cremades & Calvo-Sotelo.
