El derecho administrativo (en especial, la contratación pública y el procedimiento administrativo) se diseñó pensando en obras, suministros y servicios relativamente estables: el objeto podía definirse con precisión en un pliego; el riesgo técnico era más o menos delimitable; aunque sujeto a cierta variación el presupuesto también podía preverse de forma fiable; y el control se articulaba mediante hitos formales y documentación previsible y cerrada.
Los proyectos tecnológicos complejos (interoperabilidad masiva, IA para decisiones administrativas, ciberseguridad, plataformas de datos, etc.) rompen esos supuestos: el objeto se intuye más que se conoce; la incertidumbre es estructural o consustancial al propio proyecto, que no responde a experiencias anteriores; la valoración económica es difícil de establecer y el valor que aporta aún más, pues no sólo depende del diseño sino de la aplicación, desarrollo y mantenimiento; y por todo ello la objetividad del control y la evaluación también se complican…
