Casos de éxito

RESTALIA

02 Nov 2022

Los despachos de abogados Cremades & Calvo-Sotelo y Rafael Franco Abogados lideran una denuncia por presunta estafa y otros delitos contra el grupo de restauración multinacional Restalia, representando a varias decenas de franquiciados afectados por esta situación.

En agosto del año 2021 fue interpuesta una denuncia contra el grupo Restalia por delito continuado de estafa agravado, organización criminal, delitos informáticos, delitos contra los consumidores, coacciones, delitos fiscales y blanqueo de capitales. En esta denuncia estuvieron representados treinta y dos franquiciados, cuantificándose el perjuicio económico inicial en casi 20 millones de euros. Señalaban los abogados, en relación con la presunta conducta de Restalia, que la misma llevó a la ruina a todos los franquiciados

Admitida a trámite la denuncia, el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid acordó incoar Diligencias Previas contra veintinueve de las sociedades pertenecientes a Restalia, contra el dueño del grupo Restalia, José María Fernández Capitán, y contra otra veintena de responsables de las empresas del grupo.

El pasado mes de junio, fue presentada una ampliación de la denuncia original conjuntamente por Cremades & Calvo-Sotelo y Rafael Franco Abogados – que ya fue admitida a trámite –, tras recibir los abogados “más de un centenar de llamadas de afectados”.

Los abogados han querido dejar “muy claro” que no están cuestionando el modelo de franquicia como negocio. “Sin embargo, a la vista del desgarrador y sangrante testimonio de los franquiciados y a la vista del patrón sobre los hechos consideramos que deberíamos trabajar y ahondar en estos hechos”, han señalado.

El modus operandi de Restalia correspondía, en primer lugar, con una captación indiscriminada de franquiciados a los que se les ofrecía una alta rentabilidad, una rápida recuperación de la inversión inicial. Para inducirles a la firma del acuerdo, se brindaba a los franquiciados una información precontractual del todo engañosa, con ocultación de datos y elementos esenciales para conformar de manera válida el consentimiento de los afectados.

Calculan que el Grupo habría causado un perjuicio de casi 20 millones de euros solamente a los primeros treinta y dos franquiciados. El perjuicio promedio, han apuntado, sería de entre 300.000 euros y 600.000 euros por franquiciado.

Además, antes de que el franquiciado firmase el contrato, se le ofrecían unos estudios de viabilidad irreales, haciéndoles creer ilusoriamente que sus franquicias darían unos beneficios que nunca podrían alcanzar.

A continuación, firmado ya el precontrato, el acuerdo modelo que debían firmar los franquiciados les imponía un modelo de negocio inviable en todos sus extremos, que como ya hemos mencionado, les fue ocultado en todo momento antes de firmar el contrato.

Tal y como relataron los abogados encargados del asunto, se han aplicado “varios filtros” para confirmar que lo que dicen los franquiciados “es verdad”. “Hemos hechos 33 informes periciales que dan fe”, han insistido.

Por otro lado, Restalia imponía a los franquiciados la obligación de abastecerse exclusivamente de mercancías de proveedores homologados a precios muy elevados a pesar de encontrar el mismo producto por un precio menor en el mercado.

A todo lo anterior, se suman las coacciones graves hacia los franquiciados mediante cortes de suministro tanto de mercancía como del programa informático que es necesario para poder operar. Cabe mencionar que las coacciones no iban sólo dirigidas a los franquiciados, sino también a miembros de la Junta Directiva de la Asociación Española de Franquiciados de Restalia.

Tras todo lo expuesto y analizado, actualmente la investigación sigue en curso y se está a la espera de la práctica de nuevas diligencias que esclarezcan los hechos objeto de la denuncia.