En nuestra tradición clásica, la ética, entendida como el discernimiento sobre lo bueno y lo justo es inconcebible sin la política. Si lo resumo mucho, quedaría de la siguiente forma: para que algo sea éticamente correcto ha de ser reconocido como tal por la comunidad. En mi opinión, este principio aristotélico está plenamente vigente, pero no ocurre lo mismo con su inspiración, que no ha sido capaz, a fecha de hoy, de recuperarse de los quebrantos infligidos por la Ilustración y el post-modernismo. Esta pérdida de sentido es el resultado del volteo del anterior enunciado: todo aquello que la comunidad reconoce como correcto debe ser éticamente aceptado. ¿De qué comunidad hablamos? ¿Sólo de aquellos que la componen actualmente? ¿Pertenecen de algún modo a ella los muertos o los que aún no han nacido? El repudio por el pensamiento clásico a la reversión de dicho enunciado tiene mucho que ver con la plenitud ética, es decir, con el respeto hacia quienes nos precedieron y con la responsabilidad frente a quienes nos sucederán. Dicho de otro modo, la equidad como justicia tiene dos ejes de coordenadas, la intrageneracional y la intergeneracional, y la falta de cualquiera de ellas impide ubicar y, por tanto, calificar éticamente una decisión o conducta.
La democracia es, per se, un mecanismo de redistribución: cada voto vale igual con independencia de la riqueza de quien vota. Pero ni los muertos ni los por nacer pueden votar, por lo que la democracia no nos dice nada por sí misma sobre cómo ha de calificarse éticamente (y, por tanto, políticamente) el comportamiento entre generaciones. Este comportamiento se ordena mediante instituciones, normalmente espontáneas, que van dirigidas a asegurar la continuidad en el tiempo de los grupos sociales. La idea de fondo puede ser la de un saldo neto positivo: producir para los que vienen detrás más de lo que nosotros hemos consumido es la clave de la solidaridad intertemporal. La concatenación entre generaciones sólo se puede mantener cuando apreciamos lo recibido de nuestros mayores y, en consecuencia, nos sentimos moralmente –nunca mejor dicho- obligados a hacer lo mismo con los que vienen detrás. Los mecanismos presupuestarios de restricción del déficit y del endeudamiento públicos responden, por ejemplo, a la necesidad de limitar la carga fiscal que los votantes presentes dejan a los futuros. Pero hay muy variadas medidas de acción colectiva distintas de las presupuestarias que permiten, según se quiera, tanto preservar como saltarse el respeto entre generaciones y casi todas ellas tienen que ver con la transferencia de deudas hacia los que todavía no pueden participar de la decisión. La eliminación de los desahucios de viviendas habituales por impago de hipotecas es una de ellas.
Sin necesidad de que se haya producido –al menos todavía- una medida legislativa relevante, la desaparición de las ejecuciones hipotecarias es ya una victoria patente de los defensores de la medida, que se han fajado con enorme eficacia en la arena pública. Los Bancos, por razones estrictamente reputacionales, han renunciado a hacer efectivas las garantías hipotecarias sobre viviendas ocupadas mediante el ofrecimiento generalizado de refinanciaciones a deudores que no pueden pagar (si pudiesen no habría problema alguno), con periodos y condiciones de carencia descabelladas desde el punto de vista financiero. La famosa bancarización de nuestra economía (la europea y la española) hace que semejante patada a seguir convierta a todo el sistema de entidades de crédito en una red de alcantarillado que recibe muchos más detritos de los que puede canalizar y procesar. En lugar de liquidar deudas, las pateamos masivamente hacia el futuro. ¿Qué puede pasar? No se me ocurre otro escenario que el siguiente: nuestros hijos, nietos y bisnietos tendrán que pagar las hipotecas que no hemos pagado nosotros y, además, no obtendrán más créditos de los Bancos. En suma, la generación (de alegres políticos y banqueros y no menos alegres hipotecados) que ha provocado la crisis se la hace pagar en gran parte a la que le sucede y, por tanto, perpetúa la crisis y enseña una lección perversa: vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos.
Me sorprende mucho que quienes defienden enérgicamente, e incluso con buenos argumentos, la sostenibilidad ambiental se vayan de vareta con la sostenibilidad económica. Los fundamentos son los mismos, responsabilidad y solidaridad, las medidas, radicalmente contradictorias, por desgracia. La economía es una ciencia de la acción humana, como afirmaba Mises, y, según pienso, ha de ser entendida como una parte esencial de la ética y de la política, que nos capacita para entender cómo somos y cómo hemos de comportarnos.
Alberto Ruiz Ojeda
Profesor Titular de Derecho Administrativo
Socio de Cremades&Calvo-Sotelo, Abogados
