En un intento de reparar el daño realizado a la comunidad hebrea asentada desde hacía siglos en nuestro país, el Gobierno Español promulgó en el año 2015 una ley para ofrecer a los descendientes de los judíos originarios, la nacionalidad española perdida por sus ancestros.
La expulsión acaeció en el año 1492 y tras la propuesta del entonces inquisidor General, Fray Tomás de Torquemada, los Reyes Católicos emitieron un decreto de expulsión ofreciendo un plazo de cuatro meses para que los judíos españoles abandonaran el país.
Algunas de las causas por las que se produjo esta expulsión fueron, a parte de las evidentes diferencias religiosas en un momento en el que el catolicismo estaba más resplandeciente que nunca, su especial manera de manejar la economía y su particular estructura social y cultural.
Como consecuencia de este decreto, muchos se vieron en la obligación de convertirse al cristianismo, mientras que una gran parte de la comunidad judía, unas 80.000 personas, abandonaron el país, expandiéndose por todo el territorio mundial y permitiéndoles la posibilidad de llevarse consigo sus bienes o que los pusieran a la venta y obtener la ganancia en el exterior a través de letras de cambio. Por lo que gracias a ello, muchos no perdieron su riqueza, sin embargo para otros, fue un gran desamparo.
Los hebreos, tras la expulsión, denominaban a la Península Ibérica como Sefarad, por lo que pasaron a autodenominarse sefarditas o sefardíes distinguiéndose de esta manera del resto de judíos Europeos.
Actualmente, los judíos sefardíes que más solicitan la nacionalidad española, proceden de países como Israel, Colombia y en gran cantidad de Venezuela. En este último caso, el crecimiento de solicitudes ha sido exponencial en gran medida como consecuencia del gran deterioro de la situación en el país.
La vigencia de la presente Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, lleva en vigor unos tres años y se ha prorrogado hasta el 1 de octubre de 2019 y sin vistas de que el Gobierno proceda a futuras prórrogas, por lo que se encuentran ante la posible última oportunidad de recurrir a la adquisición de la nacionalidad española por esta vía.
Carmen Diez Fernández
