Mientras terminamos este artículo los cálculos son que más de 175 mil personas habrán fallecido en todo el planeta por el COVID-19 y la cifra de contagiados confirmados se acercan a los 3 millones en 210 países y territorios, con aproximadamente un tercio de esos contagios localizado en Estados Unidos y casi un 60 por ciento de los mismos en la ciudad de New York. España, uno de los países europeos más afectados, con 47 millones de habitantes cuenta con más de 20.000 fallecidos por la pandemia. Marc Lipsitch, el Profesor de epidemiología de la Universidad de Harvard, prevé “el contagio de entre el 40 por ciento y el 70 por ciento de la población mundial adulta en un año”.

 

El impacto en la economía global se calcula que podrá llegar a alcanzar la cifra de 10 trillones de dólares; las comparaciones no se realizan con la crisis financiera del 2008 sino con la gran depresión del periodo de entreguerras. Los gobiernos y organizaciones territoriales como la Unión Europea discuten sobre la emisión de ingentes cantidades de deuda pública, los denominados coronabonos. De acuerdo con los cálculos del Fondo Monetario Internacional el PIB de la economía mundial caerá alrededor del 3 por ciento este año y en algunos países, el desplome podrá llegar al 10 por ciento. En definitiva, nos encontramos ante una crisis económica, social, política y constitucional con retos nunca antes imaginados.

 

Los Poderes legislativos y judiciales de un gran número de países han sido objeto de limitaciones sustanciales en sus competencias constitucionales en favor del Poder Ejecutivo y con la única finalidad de enfrentarse a la terrible pandemia con agilidad y contundencia. Decisiones que eran objeto de deliberación durante meses o años, se adoptan por los Gobiernos en apenas unos días. Existen multitud de ejemplos. Así, el Parlamento de Hungría otorgó a Viktor Orban, el Primer Ministro, poderes para gobernar mediante decretos de forma indefinida y para suspender las elecciones. En otros países, como España y el Reino Unido, el control parlamentario del Gobierno por el Congreso de los Diputados se interrumpió durante varias semanas y en multitud de lugares, como Colombia, los Juzgados y Tribunales se mantienen cerrados durante la cuarentena. Todo ello mientras un tercio de la población mundial está sujeta a algún tipo de confinamiento en sus casas y órdenes de confinamiento selectivas se deciden diariamente sin notificación o procedimiento previo, afectando a cientos de millones de personas alrededor del mundo.

En la búsqueda de un equilibrio entre la protección de la salud nacional y la seguridad por un lado, y los derechos individuales como la intimidad y la privacidad por otro, las respuestas de los gobiernos han sido, lógicamente, excepcionales y diversas por la facilidad de propagación del virus y su alta mortalidad. China ha afrontado la pandemia monitorizando millones de smartphones para controlar los contactos y la temperatura corporal de sus dueños; Singapur apostó desde el primer momento por la masiva realización de tests, mientras Corea del Sur controla las tarjetas de crédito de sus ciudadanos y, particularmente, de los infectados. En Estados Unidos Apple, Google y Microsoft trabajan con el Gobierno con el objetivo de recopilar datos sobre los síntomas, edad y desplazamientos de millones de ciudadanos. A pesar de la legitimidad de algunas de estas medidas, algunos filósofos e intelectuales alertan, como el escritor israelí Yuval Noah Harari, que este control gubernamental es tanto oportunista como excesivo y que, como ciudadanos, tenemos derecho tanto a la protección de nuestra privacidad como de nuestra salud. Las nuevas posibilidades de comunicación que permiten las innovadores herramientas tecnológicas podrán ser hackeadas y controladas por los Estados y la interceptación y usos indebidos de las comunicaciones privadas lesionarán el derecho fundamental a la privacidad, todo ello sin autorización judicial o norma previa del legislativo.

 

Ante una crisis tan terrible comparable con la II Guerra Mundial, según afirmó recientemente la Canciller alemana Ángela Merkel, ¿qué podemos aportar los juristas a la sociedad? En nuestra opinión, los abogados estamos en deuda con la sociedad y nuestra obligación es proteger el Estado de Derecho y garantizar las libertades individuales con mayor empeño si cabe durante esta época de crisis. Como recientemente advirtió la World Jurist Association “Es precisamente en los momentos de crisis y de dolor cuando el Estado de Derecho y el imperio de la Ley continúan siendo un bastión fundamental frente a los abusos y las lesiones de la dignidad de la persona y de sus derechos que le son inherentes”.

 

La tradición constitucional se fundamenta en que no puede existir democracia representativa sin respeto al Estado de Derecho y sin la protección y garantía de las libertades y derechos individuales. Particularmente en tiempos de crisis es conveniente buscar respuestas en los fundamentos de nuestra civilización y no convertirnos en víctimas de las extraordinarias competencias del Poder Ejecutivo, atribuidas en nombre de la protección de nuestras sociedades. Debemos mantenernos alerta frente a las incursiones del Poder Ejecutivo en los derechos constitucionales y las reducciones de las libertades individuales, bajo el soporte de “la salud y la seguridad”. Una crisis no debe convertirse en un medio para que el Poder Ejecutivo margine, o incluso suspenda, a poderes legislativo y judicial, dos de los bastiones contra el totalitarismo. Como juristas, debemos advertir e incluso denunciar aquellos supuestos en los que el temporalmente Leviatán de Hobbes, el Poder Ejecutivo, tome estas medidas extraordinarias sin respetar las reglas democráticas y principios constitucionales. La Historia nos ha demostrado una y otra vez que obviar el Estado de Derecho en situaciones dramáticas, en nombre de la conveniencia y el nacionalismo, por tentador y eficaz que pueda parecer, aboca a una inexorable e inaceptable derrota de la democracia.

 

Durante los próximos meses, el principal frente en la guerra contra la pandemia será el sanitario con el objetivo de limitar los contagios y atender a los enfermos más críticos. Una vez superado este frente y recuperado algo parecido a la normalidad, las dudas y controversias jurídicas ante situaciones tan excepcionales aflorarán de forma no vista en generaciones y la litigiosidad se incrementará exponencialmente. Los Juzgados tendrán que resolver sobre una variedad de cuestiones, como el incumplimiento de los contratos en aquellos supuestos en los que son las propias autoridades las que han impedido su cumplimiento, la orden de cierre de fronteras que imposibilita las entregas de millones de productos permitidas conforme a los tratados internacionales de comercio o las lesiones a nuestra privacidad por parte de Gobiernos o de empresas, en aras de la protección de un bien superior, entre otros infinitos ejemplos. Es en este frente donde la abogacía internacional está organizándose para ayudar y asesorar a aquellas personas y organizaciones que más lo necesiten mediante el pro bono, o asesoramiento legal gratuito. Todos y cada uno de los abogados en el mundo debería prestar servicios pro bono en situaciones normales; en tiempos de dramáticas crisis, como la que estamos viviendo, la comunidad legal debe dar un paso al frente de forma multitudinaria para proteger a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad que desesperadamente necesitan asesoramiento legal contra los abusos de aquellos con poder. Esta obligación es inherente a la propia palabra abogado, del latín “advocatus”, que significa “llamado en auxilio”.

 

Muchas destacadas iniciativas internacionales de ayuda han surgido desde el inicio de esta crisis, algunas lideradas por Colegios Profesionales nacionales y locales y otras lideradas por profesionales liberales. A modo de ejemplo, cabe destacar el llamamiento de la Presidenta de la American Bar Association a que cada abogado presté 50 horas al año de servicio gratuito a aquellas personas más vulnerables. Igualmente encomiable ha sido la creación del “Coronavirus Resource Center”, una llamada a la acción liderada por la firma de abogados norteamericana Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison en colaboración con el Centro Cyrus R. Vance por la justicia internacional. En España ha destacado la campaña pro bono “La Ley te Protege” que ha ofrecido asesoramiento y orientación legal gratuita en más de 10 países mediante la colaboración de 30 firmas de abogados.

 

Este tipo de iniciativas colaborativas entre abogados, Colegios Profesionales, Fundaciones e instituciones públicas sirven como un potente recordatorio de lo que mediante la ley puede conseguirse si se utiliza para servir al bien. En esencia, la ley tiene por objeto facilitar guías de comportamiento y de protección de los ciudadanos contra la extralimitación de aquellos con poder. Una terrible pandemia no es una excusa para que los líderes pisoteen el Estado de Derecho y se atribuyen todo tipo de competencias y poderes.

 

Hace dos generaciones, tras el resultado de la II Guerra Mundial, dos muy distinguidos juristas y estadistas, Charles S. Rhyne, primer Presidente de la World Jurist Association, y el que fuera Presidente del Tribunal Supremo norteamericano, Earl Warren, promovieron una campaña global de promoción del imperio de la ley frente al imperio de la tiranía de los hombres. Hace apenas dos mesas, la actual Jueza del Tribunal Supremo estadounidense, Ruth Bader Ginsburg, se unió a Sir Winston Churchill, René Cassin, Nelson Mandela y el Rey de España Felipe VI como galardonada con el World Peace & Liberty Award. Con motivo de la entrega de este Premio global, ante la multitud de distinguidos abogados y juristas de todo el mundo recordaba que, en esencia, el Estado de Derecho se define “como el gobierno de las leyes y no de los hombres” y advertía que el Estado de Derecho, y no la tiranía de los hombres, debe controlar nuestros destinos bajo cualquier circunstancia. Esto es verdad, especialmente hoy, en los tiempos del coronavirus.

 

Javier Cremades y Brad S. Karp