De los 133 controladores acusados, 126 reconocieron que abandonaron su puesto

El macrojuicio a los controladores aéreos que, presuntamente, abandonaron su puesto de trabajo el 3 y el 4 de diciembre de 2010 provocando el cierre del espacio aéreo español y un estado de alarma de 43 días, por primera vez en la democracia, llega hoy al Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid, aunque 10 años después de que produjeran los hechos y de que la mayor parte de los acusados –126 de los 133 controladores encausados– haya reconocido un delito de abandono de servicio público.

Hace 10 años, un total de 22 jueces abrieron diligencias en La Coruña, Barcelona, Palma de Mallorca y Madrid para investigar quiénes fueron los responsables del caos que derivó en la militarización de las torres aeroportuarias y de los centros de control de tránsito aéreo. Sólo dos magistrados consideraron que los controladores cometieron un delito. El resto decretó el archivo provisional de las causas abiertas.

El juicio madrileño, el más numeroso, es el segundo que se celebra tras el procedimiento llevado a cabo en Palma, donde los acusados reconocieron los hechos y asumieron las indemnizaciones, previo acuerdo con la Fiscalía. En el caso de Madrid sólo hay siete personas que no han admitido el delito. El resto acordó con el Ministerio Público su disposición a reconocer el abandono colectivo de sus puestos de trabajo, además de aceptar el pago de un mínimo de 1.000 euros por daño moral a cada uno de los 15.190 afectados que denunciaron, además de otros 150 euros por daños derivados de gastos sufridos. En total, 17,5 millones.

Los hechos a enjuiciar supusieron la cancelación de 1.352 vuelos programados para los días 3 y 4 de diciembre, produciendo «perjuicios al servicio público que presta Aena y a un elevado número de viajeros que perdieron el importe de sus reservas de avión y hotel, además de otros gastos de cancelación», según consta en el escrito de acusación de la fiscal Ana Cristina Sanz Álvarez.

Los vuelos afectados no sólo fueron aquellos que tenían origen, destino o escala en Madrid, sino también aquellos cuya ruta cruzaba el espacio aéreo controlado desde el centro madrileño, ubicado en Torrejón de Ardoz y responsable del trán-sito de casi las tres cuartas partes del territorio aéreo nacional.
Los hechos denunciados por la Fiscalía y una de las acusaciones particulares –más de 12.000 afectados– revelan que «la totalidad de los controladores, en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica, al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal, presentaron ante el responsable de sala un documento escrito de su puño y letra, en el que cada uno a su manera alegaban una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto de controlador».

Los documentos que obran en el sumario del caso, relativos a conversaciones telefónicas mantenidas entre controladores un día antes del caos aéreo, a los que tuvo acceso EL MUNDO, corroboran que la acción estaba concertada, además de que Aena –responsable de la navegación aérea en 2010 (hoy es Enaire)– conocía que se «podrían producir actos de protesta por parte de los controladores». La empresa ordenó activar el Rate 0 el 3 de diciembre de 2010.

En galería: Vista general del juicio celebrado este miércoles 15 de enero de 2020 a los 133 controladores a los que la Fiscalía que ya ha llegado un acuerdo con más de un centenar de ellos acusa de abandonar sus funciones durante la huelga de diciembre de 2010, lo que llevó al cierre del espacio aéreo durante cerca de 20 horas. 

 

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