Tras las sentencias del Tribunal Supremo en las que se están ratificando las sanciones a las principales compañías fabricantes de vehículos que vulneraron la Ley de Defensa de la Competencia, se abre la via para que más de diez millones de particulares y empresas que compraron vehículos nuevos entre febrero de 2006 y agosto de 2013 reclamen una indeminización que podría ser de una media de 2.500 euros por vehículo.

La Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches (AACC) lidera las demandas judiciales que se están preparando a nivel nacional contra más de una veintena de fabricantes de vehículos.

Miles de personas afectadas por el Cártel de Coches ya están preparando sus demandas judiciales contra más de una veintena de fabricantes de vehículos que vulneraron la Ley de Defensa de la Competencia.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) concluyó en 2015 que la antigua PSA, Ford, General Motors, Fiat, Nissan, Toyota, BMW y una quincena de empresas más intercambiaron información confidencial de manera continuada para controlar el mercado de la distribución de vehículos, así como de servicios posventa de reparación, mantenimiento y recambio de piezas. El superregulador impuso a los fabricantes la mayor multa de su historia: 171 millones repartidos entre 23 empresas. La Audiencia Nacional confirmó las multas impuestas por la CNMC en sentencias dictadas en diciembre 2019, desestimando los recursos presentados por las empresas involucradas.

En los últimos meses la Sala III de lo Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo ha ido desestimando los recursos de casación presentados por 15 de los fabricantes y, por tanto, resultando ya firmes  las multas impuestas por prácticas contratrias a la Ley de Defensa de la Competencia. Se espera que en un período corto de tiempo adopte el mismo posicionamiento con respecto al resto de compañías implicadas en la trama.

El fallo argumenta que Competencia reunió “elementos probatorios e indiciarios suficientes de que, mediante una conducta coordinada entre empresas competidoras, se ha producido tal intercambio bajo unas exigencias de reciprocidad entre las empresas partícipes, con el objeto de sustituir conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas, disminuyendo la incertidumbre sobre elementos clave de sus políticas comerciales y con aptitud para determinar su comportamiento en el mercado”. “La regularidad y estabilidad de las reuniones, la organización y convocatoria de las mismas son elementos que confirman la calificación de la conducta como infracción muy grave constitutiva de cártel”, añade.

La Justicia entiende que no es comprensible una conducta de intercambio de información si no es bajo el prisma de tratar de uniformar las condiciones comerciales y eliminar la incertidumbre para restringir, falsear o eliminar la competencia.

 

Indemnizaciones a los consumidores

Tras las sentencias del Tribunal Supremo en las que se ratifican las multas a cada una de las compañías, se ha abierto la vía para que más de 10 millones de particulares y empresas que compraron vehículos nuevos de estas marcas entre febrero de 2006 y agosto de 2013 reclamen a los fabricantes una indeminización que, en función de la marca y el modelo adquirido, podría ser de unos 2.500 euros de media. Por ejemplo, si se compró un coche por 15.000 euros la cuantía de la indemnización podría moverse entre entre 1.500 euros y 2.250 euros, más los intereses legales.

Desde el bufete Cremades & Calvo-Sotelo (www.cremadescalvosotelo.com), especializado en asuntos judiciales que han involucrado a decenas de miles de afectados, se está trabajando con la Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches (AACC) preparando diferentes demandas en las que se reclamará judicialmente una indemnización económica acorde al daño y perjuicio percibido.

Atilano Vázquez, socio del despacho Cremades & Calvo- Sotelo en Galicia, destaca que “las sentencias de la Audiencia Nacional, ratificadas ahora por el Tribunal Supremo, suponen un antes y un después en el ámbito de las reclamaciones colectivas, tanto por el número de personas afectadas como por las cuantías a reclamar. Son muchas las personas y empresas damnificadas por este cártel que tienen derecho a recibir una indemnización que compense el sobrecoste que asumieron en el momento de la compra de sus vehículos. Nuestro despacho está especializado en reclamaciones colectivas por ello animamos a todos los afectados a que se sumen a la Agrupacion de Afectados por Cartel de Coches  y ejerzan sus derechos ante un abuso muy importante. Cuanto más seamos, más alto sonará nuestra voz y podremos evitar que grandes empresas como estas sigan aprovechándose de su posición de privilegio actuando en contra de los derechos de los consumidores”.

Cualquier persona física o jurídica que haya adquirido un vehículo de uno de los fabricantes condenados entre estas fechas puede reclamar sumándose a la referida Agrupación, presentando, inicialmente, la factura que justifique el importe abonado y la documentación que acredite la titularidad del mismo. Los afectados que quieran informarse sobre qué pueden reclamar judicialmente deben dirigirse a la Agrupación de Afectados por el Cartel de Coches (AACC) a través de la web www.afectadoscartelcoches.es

Sobre Cremades & Calvo Sotelo

Cremades & Calvo-Sotelo, fundado por Javier Cremades, inició su andadura hace más de 20 años como una boutique jurídica centrada en el derecho de las telecomunicaciones. Actualmente se ha convertido en uno de los principales despachos españoles de carácter multidisciplinar, con una relevancia especial en el asesoramiento en Derecho Mercantil y Nuevas Tecnologías, así como la litigación financiera donde  ha  encabezado la defensa de los accionistas  minoritarios  en  casos  como Gowex, Pescanova, Bankia y Banco Popular, o reclamaciones internacionales como la efectuada contra Bernard Madoff o más recientemente la reclamación contra el Estado por los daños derivados de las restricciones por COVID.

Cremades & Calvo-Sotelo cuenta con un equipo formado por más de 200 abogados. Su prestigio se basa en su calidad y en disponer de un consejo asesor y un consejo académico integrados por catedráticos, ex altos funcionarios, empresarios y personalidades del más alto nivel que permiten a la firma ofrecer las mejores soluciones jurídicas.

Asimismo, son varios los políticos que han formado parte de este bufete así como relevantes ex abogados del estado o miembros de la carrear judicial y fiscal.

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